Poco probable frenar el depósito de cenizas por la vía legislativa


Jason Rodríguez Grafal                                                                                                  Miércoles 23 de Agosto del 2017 • 6:00am     Durante la entrevista, el senador pareció cambiar de postura al argumentar que no se le ha demostrado de forma concluyente que las cenizas impactan adversamente la salud de los ciudadanos.

El reclamo de miles de ciudadanos que se resisten al depósito de cenizas tóxicas de carbón en el vertedero de Peñuelas no encontrará auxilio en la Legislatura de Puerto Rico.

Según supo La Perla del Sur, no existe intención ni ambiente para aprobar enmiendas puntuales a la Ley 40 que, a su vez, frenen el alud de cenizas que se descartan sobre suelo de Tallaboa desde el pasado 11 de julio, tras la firma de la polémica legislación por parte del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Durante las pasadas seis semanas, AES ha transportado al vertedero de EC Waste en Peñuelas sobre 12 mil toneladas de cenizas hidratadas -denominadas Agremax- para presuntamente solidificar desperdicios líquidos. Por considerarse un “uso comercial beneficioso”, las colosales descargas han quedado protegidas por la Ley 40.

No obstante, corregir la contradicción entre esta práctica y la proclamada prohibición al depósito de cenizas de la Ley 40 no le corresponde a la legislatura, declaró a La Perla del Sur el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer Rodríguez.

Manos afuera

A preguntas de si impulsaría o apoyaría enmiendas para restringir más los usos permitidos que se le puede dar a cenizas denominadas como Agremax, el senador novoprogresista se lavó las manos.

“Me parece a mí que el legislador no debe entrar a definir que usos son permitidos y cuales no”, insistió. “Yo estaría renuente a establecer los usos porque yo no tengo el expertise y ningun senador aquí tiene ni el expertise, ni el conocimiento para establecer uso alguno”.

“Se debe delegar esa responsabilidad a quien fue creado para velar y cumplir con la salud pública del pueblo”.

“(El que sea) dañino a la salud va a depender de la forma en que tú lo manejes”, añadió. “Yo tengo que confiar que las agencias reguladoras, estatales y federales, vayan y cumplan con su responsabilidad ministerial y que permitan usos que no sean contrarios a la salud pública”.

Sin embargo, durante la misma entrevista el legislador reconoció que las acciones de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) constituyen un enigma.

“¿Está satisfecho con la labor de la Junta de Calidad Ambiental y la EPA para monitorear y asegurarse de que se esté cumpliendo con la ley y la seguridad necesaria?”, cuestionó este semanario.

“Para responderte con mucha honestidad y candidez, yo no he visto ningún tipo de monitoreo”, respondió Seilhamer Rodríguez.

Virazón

A esto se suma que Seilhamer Rodríguez pareció cambiar de postura al argumentar que no se le ha demostrado de forma concluyente que las cenizas impactan adversamente la salud de los ciudadanos.

“Escucho tantas veces que hay estudios que demuestran que esto es dañino a la salud. Lo escucho, pero no lo he visto”, planteó el legislador.

“Dicen que las cenizas son tóxicas, que el Agremax es un producto que es una unión de agua y cenizas livianas con cenizas pesadas, que no tiene un uso comercial beneficioso. Pues si tienen esa data científica, yo hubiera esperado que la presentaran ante los tribunales y entonces quedaba descartado, porque derrotaría el permiso en términos de que eso no es un uso comercial beneficioso”, abundó.

“Pero me parece a mí que ha habido ausencia de esa evidencia científica, que he escuchado que la poseen, pero no se ha presentado”, añadió.

Contra su récord

Sus declaraciones, empero, contradicen sus propias expresiones. En un comunicado de prensa emitido hace solo tres meses, el senador plasmó por escrito que “sí existe evidencia de impacto nocivo en la salud por exposición a cenizas en Puerto Rico”.

El documento, divulgado el pasado 26 de mayo, cita un estudio epidemiológico de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, realizado en el 2016 entre las comunidades de Puente Jobos y Miramar de Guayama, ambas cercanas a la planta de AES.

“(El estudio) reveló que las enfermedades respiratorias son significativamente mayores en estas comunidades versus otras no expuestas a las cenizas. Este informe está disponible y es otra evidencia más de la toxicidad de este material, no solo para el ambiente, sino para la salud de los residentes de estas comunidades”, recalcó Seilhamer Rodríguez en el comunicado.

Por otra parte, en la exposición de motivos del proyecto de su autoría -el PS 81- el senador citó un estudio de la Universidad de Vanderbilt que concluyó que los componentes de las cenizas de AES Puerto Rico “exceden el máximo nivel permitido… en cuanto a las concentraciones de metales se refiere”.

El proyecto original que Seilhamer Rodríguez presentó para prohibir las cenizas de carbón en la isla incluso cita un estudio completado en el año 2010 por el químico y científico Osvaldo Rosario López, donde se advierte la presencia de metales pesados e isótopos radioactivos en las cenizas de AES.

Menciones a esta investigación, sin embargo, fueron eliminadas del proyecto de ley final que firmó el gobernador el pasado 4 de julio.

Asimismo, se eliminaron citas como la siguiente: “La salud de todos los puertorriquenos, en especial, los que residen cerca de los lugares donde ocurre el depósito de estos residuos está en grave peligro. Corresponde a la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su poder de razón de estado, atender esta situación”.

Cierra filas

Aun así, Seilhamer Rodríguez reiteró su apoyo a la Ley 40.

Su Proyecto del Senado 81 fue aprobado no sin antes ser enmendado a petición de La Fortaleza para atemperarlo a las exigencias de AES e incluir tecnisismos con los cuales la multinacional podría seguir depositando Agremax en vertederos autorizados.

“Lo que establece el proyecto de la Ley 40 no era mi intención original, pero era lo que estaba dispuesto el gobernador y la administración a aceptar, por las condiciones contractuales originales”, planteó el Legislador.

“El proyecto quizás no es lo que se aspiraba, pero fue un paso mucho más restrictivo que lo que había”, insistió.

Culpa al contrato

De hecho, Seilhamer Rodríguez atribuyó las enmiendas que protegieron la disposición de “usos comerciales beneficiosos” a obligaciones contractuales entre el gobierno y AES, que se remontan al acuerdo original de 1994.

Ese acuerdo, sin embargo, fue enmendado en julio de 2015 a favor de la empresa, cuando la administración del exgobernador Alejandro García Padilla le permitió descartar de forma final las cenizas en la isla. El cambio, además, representa millones de dólares en economías para AES, al no estar obligada a exportar el desecho.

Al cierre de esta edición, el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental no han rendido informes sobre un pedido de investigación de Seilhamer Rodríguez, para que se investigue tal enmienda y la monumental montaña de cenizas que AES tiene en sus predios de Guayama desde antes de octubre de 2015, en clara violación el límite establecido de almacenamiento por 180 días.

Reacciona a las protestas

Por último, el senador reaccionó a las manifestaciones que se efectúan en la cercanía del vertedero peñolano y cómo estas se han extendido a Guayama y San Juan a lo largo de los 15 operativos realizados por la Policía, entre el 11 de julio y 21 de agosto.

“Puerto Rico es un país de ley y orden. Hay unos derechos constituciones de libre expresión, pero eso tiene que estar dentro del marco de ley y orden”, sostuvo. “El derecho a la libre expresión, la cual yo respeto y que es necesaria en la democracia, no puede trastocar lo que es nuestro Estado de derecho”.

Durante los operativos han surgido denuncias de vandalismo, tanto de la Policía como de los manifestantes. La semana pasada, los alcaldes de Peñuelas, Guayanilla y Juana Díaz criticaron las masivas movilizaciones policíacas y denunciaron que las mismas han causado un disloque en la seguridad de sus municipios.

“La impresión que tengo es que hay unos despliegues enormes de la Policía, pero por otro lado, están velando por el cumplimiento de la ley”, dijo el legislador.

“Respeto ese derecho de expresión democrática, de levantar su voz y de pedir auxilio. Se lo respeto, se lo reconozco y me parece que fortalece la democracia”, continuó. “(Pero) nosotros no podemos, discrecionalmente, decidir que leyes vamos a obedecer y cuales no”.

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Foto Larry Seilhamer